Al margen de los grandes sindicatos y contratos colectivos existe otro espacio, el de los pequeños y medianos centros de trabajo en el cual laboran la mayoría de los trabajadores, donde los abusos y falta de protección son una constante creciente. El miedo a perder el empleo y la ausencia de mecanismos eficaces para hacer efectiva la ley favorece su estado de indefensión. Los patrones de estos centros laborales suelen considerar casi un agravio personal que sus trabajadores les exijan un salario digno, una jornada humana o la inscripción a la seguridad social; ni se diga del intento de formar un sindicato auténtico. Datos recientes acreditan que en ese sector, sólo un trabajador de cada 100 forma parte de un sindicato real. Por este motivo, su condición forma parte sustancial de la queja presentada ante la Organización Internacional del Trabajo por las entidades sindicales más representativas del mundo. El caso de los contratos de protección patronal es denunciado en la queja número 2694, mediante la cual, se reclaman cambios al modelo laboral mexicano, tanto en el ámbito federal como local, por el incumplimiento a los convenios internacionales relacionados con la libertad sindical y la contratación colectiva. En días recientes se dio una oportunidad excepcional para que sindicalistas y observadores extranjeros conocieran de manera directa la precariedad en que se encuentran los hombres y mujeres que viven de su trabajo en nuestro país. Así lo demuestran los pronunciamientos y compromisos de las distintas delegaciones participantes en el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, el Foro Social Mundial y la trigésima sexta convención ordinaria del sindicato minero. Es difícil encontrar en el pasado tanta solidaridad internacional. Por ello los gobiernos deberían empezar a tomar en serio los impactos de estas denuncias. No pueden seguir tapando el sol con un dedo.

 Estas delegaciones han conocido de cerca las agresiones a los trabajadores mineros, incluyendo la maniobra de imponer en Cananea, Sonora, un sindicato patronal y peores condiciones de trabajo, aun a riesgo de una masacre; acompañaron en el Zócalo a los huelguistas de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas, extremo al que han sido obligados para lograr una negociación que en cualquier país democrático sería un proceso común. No se pudieron explicar que, a pesar de su liderazgo, Napoleón Gómez Urrutia o Martín Esparza carezcan de “toma de nota”, instrumento de control gubernamental, impensable en sus países de origen. Tampoco encontraron motivo por el cual se persigue a los técnicos y profesionistas petroleros que han decidido sindicalizarse.

 La ola de solidaridad internacional que fraternalmente nos ha cobijado en estos días, llegó también hasta los valientes huelguistas de la gasolinera Belem, ubicada en calzada de Tlalpan y Coruña en la ciudad de México. Los delegados escucharon la compleja historia de este sector, representativo de muchos otros, donde los trabajadores luchan por que los patrones no les quieren pagar ni siquiera salario y sólo viven de sus propinas, porque se les niega el derecho a la seguridad social y son objeto constante de grupos de presión al servicio de los empresarios. Las renuncias en blanco, la obligación de “pago de piso” para permitirles trabajar y la ausencia de una autoridad que vigile el cumplimiento mínimo de la ley fue tema de reflexión e indignación compartida.